Medellín, 6 de Octubre de 2008
El Presidente Uribe aceptó públicamente que el reclamo del sector de la justicia en relación con sus bajos salarios es justo. Manifestó que deben mejorarse los ingresos de los jueces y empleados de la rama, pero que no es posible hacerlo hasta las pretensiones de ellos.
En el Consejo Comunal realizado el sábado pasado se dio a conocer la escala salarial de estos empleados del Estado y se demostró que sí son bajas sus remuneraciones para la responsabilidad que tienen.
Los colombianos debemos pedir pronta solución a este problema planteado por Asonal Judicial por los negativos resultados que el ya largo paro está generando en el país y por lo justo de sus reclamaciones.
Hablando de justicia, el Presidente de la República debe evaluar las demás curvas salariales del sector público y privado, debe examinarse el perverso salario mínimo que reciben la mayoría de trabajadores que no les permite acceder ni siquiera a la canasta familiar elaborada por el DANE.
Deberá el Gobierno Nacional devolver a los trabajadores los recargos nocturnos y el de los festivos, los que les fueron arrebatados hace cuatro años con la promesa de compensar ese sacrificio con mayor número de empleos, propósito que no se ha cumplido, según las cifras del DANE.
Así como los jueces y fiscales reclaman en justicia, los miles y miles de profesionales que tienen unos ingresos un 50 ó 60 por ciento por debajo de éstos también deben reclamar y el Gobierno está en la obligación de nivelar las demás profesiones y de los empleados de otras entidades del Estado que se encuentran más descompensados salarialmente, como el I.C.B.F. y el SENA.
Una corta mirada a otros sectores nos demuestran que si por allá llueve por acá no escampa. Los maestros comienzan a trabajar con una licenciatura como requisito, con un salario cercano a un millón de pesos, una cuarta parte de lo que gana el juez más mal remunerado. Una auxiliar de enfermería, sea contratada por una I.P.S. o por una cooperativa, devenga entre 700 mil y un millón de pesos. La mayoría de tecnólogos reciben apenas 700 mil pesos como salario, los médicos generales reciben un 40 por ciento menos de lo que obtienen los fiscales más mal pagados en nuestro sistema judicial.
En el sector de la salud, el asalariado ha perdido su nivel adquisitivo en los últimos 15 años, a partir de la Ley 100. El Presidente Uribe en sus dos campañas después de aceptar que la remuneración de los trabajadores de la salud es muy mala prometió resolver estas inequidades, y no lo ha logrado en sus seis años de gobierno .
Por supuesto que no sólo estos sectores son los únicos mal remunerados en Colombia. Miles de profesionales, como comunicadores, ingenieros, sociólogos y administradores de empresas son contratados, muchas veces, con salarios irrisorios que insultan la dignidad humana. Cuando encuentran empleo les ofrecen un millón de pesos y algunas empresas de manera descarada menos.
En el ámbito local estamos en deuda con más de mil empleados del Municipio de Medellín que tienen salarios muy por debajo de los vinculados antes del 2001, con los cuales el Alcalde, Alonso Salazar Jaramillo, y el Concejo de Medellín deben hacer justicia homologándolos salarialmente.
Claro que es más negro el panorama de los miles de trabajadores del Estado que tienen que soportar pésimos salarios en cooperativas para prestar servicios a entidades como el Hospital General o a los famosos call center y tolerar la incertidumbre que les genera su frágil estabilidad laboral.
Debemos seguir estimulando y facilitando el ingreso a la educación técnica, tecnológica y universitaria, a pesar del oscuro panorama que en materia de empleo y de ingresos tiene el país, en el entendido de que algún día nuestros gobiernos van a garantizar una verdadera redistribución de la riqueza con pleno empleo y salarios justos.